Entrevista com Shirley Diana Franco Mancuello

Resumen

El uso de la deposición denominado juicio político o impeachment (en algunos países) ha sido cuestionado desde el punto de vista jurídico y del cumplimiento de las Constituciones de los Estados. Si las reglas de juego implican el cumplimiento de la voluntad popular, esta voluntad popular es totalmente torcida porque son las instituciones políticas y no el pueblo quien decide separar del cargo a un presidente de la república. Sin duda, esto afecta a la legitimidad de las instituciones y afecta de sobre manera a la democracia. El juicio político, si bien se encuentra previsto en la Constitución como forma de control del poder legislativo al poder ejecutivo en un sistema de frenos y contrapesos, debe ser usado solo en casos excepcionales. En el caso de América Latina lo que se ha hecho es utilizar este mecanismo para sacar del ejecutivo a aquellos presidentes que no gozaban del apoyo político de las estructuras partidarias. Tal es el caso de Paraguay en el año 2012. El Presidente de la República, Fernando Lugo, llegó a la primera magistratura sobre la base de un acuerdo o una alianza con la mayoría de los partidos de la oposición. La finalidad era permitir la alternancia en el poder, ya que el Partido Colorado lo venía liderando desde más de cinco décadas. Lugo no tenía la estructura partidaria del mayor partido opositor (el Partido Liberal Radical Auténtico-PLRA) que lo pudiera sustentar durante los cinco años, aún cuando fue, en gran parte, a este partido que pudo llegar al poder. Él pugnó por un partido minoritario, el Partido Demócrata Cristiano. El caso paraguayo, al igual que los otros países que hicieron uso de esta herramienta se caracteriza por ser una democracia débil, y esta circunstancia la debilita aún más, teniendo un impacto directo en el electorado y dividiendo a la opinión pública.